El impuesto al miedo:
450€ por un “clic”
La mercantilización de los derechos del inmigrante y el negocio montado en torno a la regularización.
En España, regularizarse no es un juicio épico. No hay tribunales, ni togas, ni jurisprudencia compleja. Es un trámite administrativo: reúnes documentos, cumples requisitos y subes un expediente a una plataforma. Punto. Entonces, ¿por qué hay despachos que cobran 450€ + IVA por exactamente eso?
La falacia de la complejidad
El arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar… son procesos con requisitos claros, públicos y accesibles. Cualquier persona que sepa leer, seguir instrucciones y navegar por internet puede gestionarlos sin necesidad de un abogado.
No es derecho de élite. No requiere interpretación judicial. Es burocracia digital básica: formularios, documentos y plataformas administrativas. Llamarlo de otra forma es puro humo para justificar facturas infladas a personas que ya tienen suficiente con llegar a fin de mes.
El abuso económico tiene nombre
Se llama mercantilización de derechos. Aprovecharse de la vulnerabilidad, del desconocimiento y del miedo de quien lleva años construyendo una vida en este país para cobrarle lo que muchos no ganan en una semana por subir cuatro archivos a una plataforma es una vergüenza.
Es una barrera clasista disfrazada de honorario profesional. Un inmigrante no debería tener que elegir entre pagar el alquiler o pagar a un profesional por una gestión sin ninguna complejidad judicial.
El “intrusismo”: el escudo del monopolio obsoleto
Cuando asesores y gestores cualificados empezaron a ofrecer estos servicios a precios honestos, muchos despachos reaccionaron con una palabra: “¡intrusismo!”. Traducción real: “nos están quitando el negocio”.
Décadas de monopolio de facto han creado un corporativismo rancio que se niega a adaptarse a la realidad digital y social. Las denuncias por intrusismo no son una defensa del cliente. Son una defensa de la cartera. Una estrategia para eliminar la competencia y preservar un modelo de negocio obsoleto que solo sobrevive gracias al miedo.
“No les molesta que alguien lo haga mal. Les molesta que alguien lo haga barato.”
La competencia beneficia a quien más lo necesita
La entrada de nuevos profesionales y el uso inteligente de la tecnología debe traducirse en una sola cosa: precios más bajos y mejor servicio. La brecha digital ya es un problema real para muchas familias inmigrantes. No podemos permitir que encima se convierta en una brecha económica.
La información sobre los procesos de regularización debe ser libre, clara y accesible. Y cuando alguien necesite ayuda profesional, esa ayuda debe tener un precio justo, proporcional al trabajo real que implica. La competencia no destruye la profesión. Destruye el abuso.
La regularización es un derecho administrativo, no una oportunidad de lucro desmedido para despachos que viven de espaldas a la realidad económica de sus clientes. Quien cobra 450€ por un clic, que lo justifique. La ética profesional también existe.
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